Xavier Rius Sant, periodista. El Periódico de Catalunya 23 y 24 de octubre de 2021
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Venciendo la resistencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el Consejo de Ministros aprobó el martes la reforma del reglamento de la ley de extranjería para conceder permiso de trabajo y residencia a los jóvenes extutelados que, tras ser formados y acogidos por las administraciones y oenegés quedaban al cumplir los 18 años en situación irregular, al imponérseles unos requisitos imposibles para renovar su permiso de residencia y obtener el de trabajo. Situación draconiana que abocaba a la mayoría de esos jóvenes a la inseguridad vital, la marginalidad, la economía sumergida, el trapicheo y en algunas ocasiones empujaba hacia la delincuencia. Además, este horizonte desmotivaba a muchos a continuar su itinerario educativo y laboral, dado que no podrían trabajar en aquello para lo que se formaban. La política de extranjería e inmigración española ha sido en demasiadas ocasiones restrictiva, abocando a los migrantes a situaciones de trabas burocráticas e irregularidad, creyendo que así se frenaría el flujo de entrada. Políticas restrictivas nunca han frenado los flujos, solo han conseguido abocar a trabajar en la economía sumergida.
Estando a punto la reforma del reglamento para que estos jóvenes pudieran trabajar, el Ministerio del Interior frenó su aprobación tras la crisis de Ceuta de mayo, cuando Marruecos empujó a miles de jóvenes a llegar a España, entendiendo el equipo de Marlaska que subsanar el vacío legal en el que quedaban estos jóvenes al cumplir 18 años generaría efecto llamada. Pero, como se ha visto tantas veces en España, esta visión policial de “pongámoslo difícil por si acaso”, lejos de frenar los flujos solo consigue abocar a los migrantes a la irregularidad. Irregularidad que, en el caso de los jóvenes no acompañados, les mostraba al llegar a su mayoría de edad una salida vital por caminos distintos al trabajo y la integración social. Costó años conseguir que los jóvenes extranjeros reagrupados por sus progenitores pudieran trabajar como cualquier otro joven y evitar el absurdo de que, teniendo permiso de residencia, debieran esperar unos años para conseguir el de trabajo. Y también vivían situaciones similares los solicitantes de asilo que, por la demora burocrática, pese a haber entregado su solicitud y en muchos casos estar ya acogidos por una de las oenegés que les alojaba y tutelaba su formación, no les llegaba el permiso de trabajo. Los solicitantes de asilo ahora pueden trabajar a los seis meses de que sea admitida a trámite su solicitud, admisión a trámite que ahora es más ágil.
Pese a las voces que se alzan, no solo desde la ultraderecha, exigiendo políticas de puertas cerradas y expulsiones masivas como solución mágica a los problemas de desempleo y los insuficientes recursos para financiar los servicios sociales, de vivienda y sanitarios, como hemos visto con el Brexit, la inmigración es absolutamente necesaria para mantener el sistema productivo y la atención a nuestros mayores. El Reino Unido cerró la puerta a la inmigración de los ciudadanos comunitarios, regresando muchos a sus países y la ha cerrado también a los inmigrantes extracomunitarios con permiso de trabajo válido para la Unión Europea. Y la consecuencia ha sido quedarse sin conductores de camiones y sin personal para muchos servicios esenciales, dándose un problema de desabastecimiento.
los menores no acompañados son tal vez el grupo más atacado en España por la ultraderecha de Vox, al responsabilizarles colectivamente de la inseguridad y atribuirles un gasto público mucho mayor del que es realmente. Y la situación vigente hasta ahora de no dejarles trabajar y quitarles el permiso de residencia a los 18 años, de alguna manera legitimaba los argumentos de la ultraderecha: los acogemos cuando son menores porque nos obliga la Convención de Derechos del Niño, pero queremos que se marchen al cumplir 18 años.
Más allá de no ser ciertas las cifras de su coste que daba Vox o la atribución genérica de todo tipo de delitos, sí era cierto que era un despropósito que se invirtiera en formación y acogida para que se integraran en una sociedad que, al llegar a su mayoría de edad, les negaba vivir asumiendo unos derechos y obligaciones que habían estudiado.
Malgrat les veus que s’alcen, no només des de la ultradreta, exigint polítiques de portes tancades i expulsions massives com a solució màgica als problemes d’atur i els insuficients recursos per finançar els serveis socials, de vivenda i sanitaris, com hem vist amb el Brexit, la immigració és absolutament necessària per mantenir el sistema productiu i l’atenció a la nostra gent gran. El Regne Unit va tancar la porta a la immigració dels ciutadans comunitaris, tornant molts als seus països i l’ha tancat també als immigrants extracomunitaris amb permís de treball vàlid per a la Unió Europea. I la conseqüència ha sigut quedar-se sense conductors de camions i sense personal per a molts serveis essencials, amb un problema de desproveïment.
Els menors no acompanyats són potser el grup més atacat a Espanya per la ultradreta de Vox, al responsabilitzar-los col·lectivament de la inseguretat i atribuir-los una despesa públic molt més gran del que és realment. I la situació vigent fins ara de no deixar-los treballar i treure’ls el permís de residència als 18 anys, d’alguna manera legitimava els arguments de la ultradreta: els acollim quan són menors perquè ens obliga la Convenció de Drets del Nen, però volem que marxin al complir 18 anys.
Més enllà de no ser certes les xifres del seu cost que donava Vox o l’atribució genèrica de tota mena de delictes, sí que era cert que era un despropòsit que s’invertís en formació i acollida perquè s’integressin a una societat que, a l’arribar a la seva majoria d’edat, els negava viure assumint uns drets i unes obligacions que havien estudiat
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