Comunicado conjunto de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Asociación Elin, Iridia, Inmigrapenal, Servicio Jesuita a Migrantes, Coordinadora de Barrios y la Federación SOS Racismo, llaman al Consejo Europeo para que no permita la creación de campos cerrados para personas migrantes y refugiadas:
El Consejo Europeo que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de junio, abordará la propuesta de creación de centros de internamiento y hotspots adonde trasladar y encerrar a las personas migrantes y refugiadas que tratan de acceder a la Unión Europea.
Estas organizaciones, consideran que “estos campos supondrían una vuelta de tuerca más en las políticas de externalización, en la medida que podrían crearse tanto en territorio europeo como en países del norte de África con un baja calidad democrática y baja protección a las personas migrantes, tal y como hemos visto en los últimos meses”.
Las organizaciones firmantes critican que tal y como sucede en la actualidad con Turquía, se cribaría a las personas entre quienes verían admitida a trámite su demanda de asilo y el resto que serían expulsadas a sus países de origen, lejos de cualquier organización que pueda fiscalizar qué es lo que sucede en estos procesos y con procedimientos jurídicos de protección que se prevén lejos de los estándares europeos.
Estos inmensos campos de refugiados y hotspots a juicio de estas organizaciones “son el enésimo gesto mediático para tranquilizar a una opinión pública europea que exige soluciones, aun a sabiendas de que las experiencias de figuras análogas en Italia o Turquía no han supuesto la mejora en el acceso a los derechos fundamentales de estas personas”. También supondrían un nuevo impedimento a las personas migrantes y refugiadas para alcanzar un mínimo estatus de protección, dejando que terceros países sin mecanismos de protección judicial de estas personas o sociedad civil organizada e independiente que pueda fiscalizar lo que allí sucede se convirtieran de facto en agentes ejecutores de la política migratoria de la UE.
A juicio de las entidades firmantes, “supondrían un paso más en el vaciamiento del derecho de asilo y el rechazo absoluto a hacer de la UE un espacio de acogida. Serían la certificación de que la retórica de los DDHH ha cedido ante la pulsión xenófoba que crece por toda Europa”.
Por estos motivos, las entidades firmantes, rechazan firmemente dicha política y exigen al gobierno español no sólo que se oponga a la misma, sino que se planteen avances en la mejora de la acogida de las personas migrantes y demandantes de protección internacional, en garantizar el salvamento de las personas que mueren a diario en nuestro Mediterráneo, así como en crear vías legales y seguras de acceso de la Unión Europea.
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