Junts a un año y medio de las elecciones municipales siente la fuga de muchos de sus votantes hacia Aliança Catalana, y comprueba encuesta tras encuentra que, de realizarse elecciones catalanas, la formación de Sílvia Orriols podría alcanzarle o superarle. Y ha decidido retirar el apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez, para marcar perfil. Y las encuestas coinciden que el notable incremento de Aliança en el Parlament no perjudicará a Vox que también crecerá.
Hasta 2018 España era una de los pocos estados de la Unión Europea en el que la ultraderecha no tenía representación. Y se afirmaba que aquí la sociedad no tenía arraigado el sentimiento xenófobo, ni el miedo a perder la propia identidad, como ocurría en otros países. Así después de los atentados de marzo del 2004 afortunadamente no se asedió ninguna mezquita. Vox no hizo el salto clamando contra el aborto, ni colocando banderas españolas en Gibraltar. Lo dio interponiendo querellas contra los líderes del procés y ejerciendo de acusación en el Tribunal Supremo, ganándose una cuota de Telediario que le abrió la puerta primero en Andalucía en diciembre del 2018 y en el Congreso en abril del 2019. No fue el miedo a la pérdida de indentidad producida por la inmigración lo que le facilitó entrar en el Congreso, sino el dolor identitario que provocaba el temor a la ruptura de España.
No sabemos cuál sería el presente si Mariano Rajoy en lugar de aplicar el artículo 155 y mandar a los antidisturbios a Catalunya el 1 de octubre, no se hubiera dado por enterado como hizo el gobierno de Italia en 1997, cuando cinco millones de personas votaron la independencia de la Padania sin que nadie fuera apaleado ni encarcelado. No sé si los líderes de la Liga Norte presentaron entonces la independencia como algo irrevocable, pero sí que Junqueras y Puigdemont daban por segura la desconexión unilateral de España, argumentando falsedades como que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos la amparaba, cuando el mismo se redactó refiriéndose a los territorios coloniales. O que el dictamen de 2010 de la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo, avalaba que Catalunya hiciera lo propio. Algo falso ya que dicho dictamen dejó claro que a petición de la Asamblea General de la ONU analizaba si la votación de la declaración de independencia de Kosovo vulneraba o no el derecho internacional, pero no se pronunciaba sobre su ejecución ni si tenía derecho a la independencia, ya nadie se lo había requerido.
Junts con Esquerra afrontan las consecuencias de no haber conseguido algo que decían que estaba al alcance de la mano, sin hacer autocrítica. Y si Vox se dio el salto sacudiendo el miedo que España se rompía, Aliança Catalana surgió agitando en Ripoll el impacto emocional por unos jóvenes de la localidad perpetraran los atentados, pero sumó un segundo elemento, la falta de determinación de Puigdemont y Junqueras en cumplir lo prometido. Junts ahora no puede mantener el argumentario de una independencia a tocar, pero sí puede romper con el PSOE. Y lo hace para intentar acallar un desencanto que capitaliza Orriols. Y a la vez asume a medias algunos de las propuestas de Orriols, por ejemplo la de negar pisos de protección oficial y ciertas ayudas a quienes lleven menos de diez años empadronados en un municipio. Algo que perjudicaría también a los jóvenes autóctonos que intentan establecerse en un municipio distinto del que crecieron.
Propuesta que rechazó el pleno de la Diputación de Barcelona el pasado jueves y no es más que una mala copia de la que proponen Vox y Aliança de excluir de las ayudas y pisos de protección oficial a los extranjeros. Y evidentemente los votantes que compartan dicha idea, entre el original y la copia, siempre elegirán al primero.
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