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diumenge, 2 de març del 2014

PUIG ANTICH, 40 ANYS. Avui fa 20 anys vaig publicar aquest article a El País sobre Puig Antich. L'article està desfasat, però com no s'ha fet justícia, el poso de nou





EL ULTIMO GARROTE, 20 AÑOS DESPUÉS (publicat avui fa 20 anys a El País)

     El 2 de marzo se cumplen 20 años de la ejecución del anarquista Salvador Puig Antic, en Barcelona, y del polaco, Heinz Chez (George Michael Welzel) en Tarragona. Fueron las últimas personas ajusticiadas en España por el método del garrote vil. Tres años y medio más tarde, la compañía teatral "Els Joglars", estrenaba una obra inspirada en la ejecución de Chez, titulada "La Torna", expresión que significa,"aquello que se añade para hacer el peso completo". Tras varias representaciones, Boadella y sus Joglars fueron encarcelados y condenados en consejo de guerra por injurias al ejército. La tesis que expresaba la obra, era que el polaco habia sido ajusticiado para diluir la carga política de la ejecución del anarquista catalán.

     Puig Antich, había sido detenido en una emboscada que le perpetró la policía en la calle Girona de Barcelona, el 25 de septiembre de 1973, muriendo en el tiroteo un subinspector, si bien no se aclaró de que arma salió la bala que le causó la muerte. Y el atentado contra Carrero Blanco perpetrado poco después por ETA, le convirtió en la víctima propicia para la revancha del régimen.

     La ejecución causó un impacto similar al fusilamiento del comunista Grimau, y de los agarrotamientos de los anarquistas Delgado y Granados en 1963. Las últimas aplicaciones de la pena de muerte, se darían en 1975 con los fusilamientos de los militantes de FRAP, Baena, García Sanz y Sánchez Bravo, y los miembros de ETA Txiqui y Otaegui.

     Al redactarse la Constitución española en 1977, el PSOE siguiendo la tradición de juristas progresistas, como Salmerón, que dimitió como Presidente del Gobierno de la I República, al negarse a firmar unas sentencias de muerte, o de Luís Jiménez de Asua, que consiguió, en la Segunda República, su abolición para delitos ordinarios, se opuso al mantenimiento de la pena capital. No obstante, la UCD consiguió que quedara la puerta abierta a su regulación en tiempo de guerra.