diumenge, 2 de març de 2014

PUIG ANTICH, 40 ANYS. Avui fa 20 anys vaig publicar aquest article a El País sobre Puig Antich. L'article està desfasat, però com no s'ha fet justícia, el poso de nou





EL ULTIMO GARROTE, 20 AÑOS DESPUÉS (publicat avui fa 20 anys a El País)

     El 2 de marzo se cumplen 20 años de la ejecución del anarquista Salvador Puig Antic, en Barcelona, y del polaco, Heinz Chez, en Tarragona. Fueron las últimas personas ajusticiadas en España por el método del garrote vil. Tres años y medio más tarde, la compañía teatral "Els Joglars", estrenaba una obra inspirada en la ejecución de Chez, titulada "La Torna", expresión que significa,"aquello que se añade para hacer el peso completo". Tras varias representaciones, Boadella y sus Joglars fueron encarcelados y condenados en consejo de guerra por injurias al ejército. La tesis que expresaba la obra, era que el polaco habia sido ajusticiado para diluir la carga política de la ejecución del anarquista catalán.

     Puig Antich, había sido detenido en una emboscada que le perpetró la policía en la calle Girona de Barcelona, el 25 de septiembre de 1973, muriendo en el tiroteo un subinspector, si bien no se aclaró de que arma salió la bala que le causó la muerte. Y el atentado contra Carrero Blanco perpetrado poco después por ETA, le convirtió en la víctima propicia para la revancha del régimen.

     La ejecución causó un impacto similar al fusilamiento del comunista Grimau, y de los agarrotamientos de los anarquistas Delgado y Granados en 1963. Las últimas aplicaciones de la pena de muerte, se darían en 1975 con los fusilamientos de los militantes de FRAP, Baena, García Sanz y Sánchez Bravo, y los miembros de ETA Txiqui y Otaegui.

     Al redactarse la Constitución española en 1977, el PSOE siguiendo la tradición de juristas progresistas, como Salmerón, que dimitió como Presidente del Gobierno de la I República, al negarse a firmar unas sentencias de muerte, o de Luís Jiménez de Asua, que consiguió, en la Segunda República, su abolición para delitos ordinarios, se opuso al mantenimiento de la pena capital. No obstante, la UCD consiguió que quedara la puerta abierta a su regulación en tiempo de guerra.
Si bien el PSOE manifestó que no haría uso de esta posiblidad opcional, se introdujo en el código militar de 1985, enmudeciendo los diputados socialistas que unos años antes, desde grupos cristianos o colegios de abogados, se habían destacado por su rechazo a la máxima pena. Más tarde, en 1989 en la ley procesal militar, se pretendió privar a los condenados a muerte de derecho al recurso de casación, hecho que contrariaba claramente la Constitución. Posiblemente, gracias a las gestiones que diferentes organizaciones pacifistas realizaron ante, el entonces senador socialista, Jordi Solé Tura, el Senado rectificó esta prohibición de recurso. Pero pese a esa enmienda de última hora, el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, manifestó una falta de sensibilidad en un tema gran trascendencia ética, quebrando el histórico rechazo de la pena de muerte de los socialistas, que les había llevado a decir no a los agarrotamientos de Puig Antich y Heinz Chez, y los fusilamientos de Txiqui y Otaegui.
Xavier Rius Sant, (publicado en El País, páginas Catalunya, el 2 de marzo de 1994  

Un any més tard, amb motiu de l'abolició total de la pena de mort, també per temps de guerra, vaig escriure aquest altre article a la secció d'Opinió que sí es troba a la web de El País. Una abolición tardía, 25 de abril de 1995 


Una abolición tardía


 La pena de muerte ha quedado suprimida a todos los efectos en España. Se cumple así una histórica reivindicación que el PSOE abanderó durante el debate constitucional, pero a la que tristemente renunció en 1984. Cuando en 1978, al redactarse la Constitución, se dejó abierta la posibilidad opcional de mantenerla en la jurisdicción castrense para tiempos de guerra, Felipe González rechazó la ambigüedad diciendo que, si llegaba a gobernar, la suprimiría del Código Militar. Su abolición total era una vieja reivindicación no sólo de la izquierda, sino también de la mayoría de las fuerzas democráticas al haberse servido de ella tantas veces el poder político para acabar con adversarios tan distintos como el pedagogo Ferrer i Guàrdia, en 1909; el líder comunista Julián Grimau, en 1963, o el anarquista Salvador Puig Antich en 1974.Pero en 1984, cuando, con mayoría absoluta, remitió a las Cortes el proyecto del Código Penal Militar, el Gobierno socialista la estableció con carácter optativo para una larga lista de figuras delictivas, algunas referidas a actos cometidos por civiles. Ello causó consternación entre las asociaciones de defensa de los derechos humanos y, mientras los parlamentarios del PP se manifestaban conformes, muchos parlamentarios del propio PSOE enrojecían en privado tras reconocer que el entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, la había incluido por la presión de la cúpula militar.


Cuatro años más tarde, al presentarse a las Cortes la Ley Procesal Militar, el texto gubernamental establecía un escandaloso procedimiento sumarísimo que negaba el recurso de casación a los condenados a muerte. Pero, dada su inconstitucionalidad y ante las críticas al evocar los antiguos consejos de guerra, fue enmendado en el Senado.

Desde 1985, el PNV, CiU, el CDS e IU presentaron diversas iniciativas para eliminarla también en tiempos de guerra, pero eran rechazadas con los votos del PSOE y el PP. En junio de 1991, ante una proposición del CDS, el Grupo Socialista perdió ya el apoyo del PP, que decidió abstenerse- Y en noviembre pasado, tras la aprobación por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de una recomendación instando a la total abolición y al debatirse en el Senado una, proposición no de ley del PNV en tal sentido, el PP, tras una encendida defensa de la vigencia de la máxima pena por el titular de Defensa, Julián García Vargas, se alineó ya con los nacionalistas vascos. Por ello el PSOE reaccionó días más tarde presentando la proposición de ley ahora aprobada.

Lo importante es que la pena de muerte ha sido eliminada. Pero no deja de ser una paradoja que este paso, de gran trascendencia ética y significación política, que los socialistas no quisieron dar con aplastante mayoría lo den ahora no tanto en cumplimiento de un compromiso histórico o de una recomendación europea, sino por el cambio de talante del PP.

Xávier Rius Sant es experto en temas de seguridad y defensa.

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