La deliberación y redacción de la nueva sentència a los 14 ultras de Blanquerna por el asalto o irrupción violenta a la sede de la Generalitat en Madrid, realizada el 11 de septiembre de 2013, que debía realizar ayer la Sala Penal de Tribunal Supremo, quedó anulada y sin fecha, al aceptar el Supremo la recusación interpuesta por los abogados de La Falange-FE, contra el exFiscal General del Estado, el juez Julián Sánchez Melgar, dado que participó en el fallo y redacción de la anterior sentencia del Tribunal Supremo, y formaba parte del grupo de magistrados que debían fallar la nueva sentencia.
Los catorce ultras de Blanquerna fueron condenados inicialmente por al Audiencia Provincial de Madrid a penas de entre seis y ocho meses de prisión, pero el Tribunal Supremo elevó las condenas hasta cuatro años de prisión. Sentencia que fue anulada por el Tribunal Constitucional, que ordenó al Supremo redactar una nueva sentencia.
Por otro lado, el Jefe Nacional de La Falange-FE, Manuel Andrino, tiene otra causa pendiente por la pistola que encontró la Policia Nacional en su mochila el 10 de mayo de 2015 en Madrid, cuando acudió a auxiliarle al tener un accidente de moto. Pistola que habría conseguido ilegalmente por medio de la red clandestina del coronel de la Guardia Civil, Rodolfo Sanz Sánchez, conocido en ambientes ultras como "Rudolf". Este coronel está investigado por su presunta vinculación o dirección de una trama que suministraba armas a grupos ultras, y al estilo de los Ultras Sur Outlaw, realizaba palizas por encargo o para cobrar deudas y ayudaba a personas buscadas por la justicia a huir de España.
Por otro lado, el Jefe Nacional de La Falange-FE, Manuel Andrino, tiene otra causa pendiente por la pistola que encontró la Policia Nacional en su mochila el 10 de mayo de 2015 en Madrid, cuando acudió a auxiliarle al tener un accidente de moto. Pistola que habría conseguido ilegalmente por medio de la red clandestina del coronel de la Guardia Civil, Rodolfo Sanz Sánchez, conocido en ambientes ultras como "Rudolf". Este coronel está investigado por su presunta vinculación o dirección de una trama que suministraba armas a grupos ultras, y al estilo de los Ultras Sur Outlaw, realizaba palizas por encargo o para cobrar deudas y ayudaba a personas buscadas por la justicia a huir de España.
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